19.9.1. Toman posesión ilegal de viviendas inconclusas
Las más de cien familias que desde el 1.º de enero pasado del 2010 se posesionaron de las viviendas inconclusas contratadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) afirmaron a Diario Hoy (6 enero 2010) que no saldrán del lugar.
El rotativo destaca que esta acción fue tomada tras la espera de un año a los ofrecimientos del Miduvi de entregar 308 casas que se construían en la ciudadela Unidos Venceremos de Chone (Manabí) a los damnificados del invierno del 2008.
Milton Zambrano, presidente de la ciudadela, indico que los beneficiarios tomaron tal decisión porque no tienen donde vivir y además porque el Miduvi y el Municipio de Chone han postergado la entrega del proyecto ya varias veces.
Ante esta decisión el director provincial del Miduvi, Alfredo López, se comprometió a que las obras sean culminadas en un plazo de sesenta días. Mientras que solicitó una reunión con los contratistas de la obra, para acelerar los trabajos inconclusos.
Sin embargo varias beneficiarios presentaron sus dudas al respecto, pues afirmaron que "los contratistas del Miduvi en Manabí hacen lo que quieren y eso se demuestra en miles de casas que a nivel provincial aún no se terminan en los plazos previstos".
Por su parte el Director Nacional de Asentamientos del Miduvi, Ítalo Córdoba, ordenó que ante el hecho suscitado y para prevenir problemas mayores se tomen los correctivos necesarios para finalizar la obra en el plazo establecido.
Además, según Zambrano estas personas se resisten a salir de las viviendas porque han conocido que se pretendería dar este plan habitacional a otras familias.
19.9.2. Víctimas de la “roboilusión”
En el escándalo de las casas que construye el MIDUVI, Jorge Bello (El Diario, 5 marzo 2010) destaca que sus techos de “papel” (delgadísimo zinc), sus débiles estructuras, la falta de puertas y por último abandonadas, sigue marcando la vida de mucha gente, entre ellos, profesionales jóvenes que, desesperados por tener un ingreso económico, prestaron sus nombres a contratistas vinculados con los mandamás de turno y están con serios problemas legales, las cuentas no les cuadran y hay muchas obras abandonadas que no pueden ni podrán terminar porque el dinero fue ya repartido y los cálculos fallaron.
Allí, anota Bello, hay un drama del que se habla a baja voz y que nadie se atreve a tocar públicamente. Aquí hay mucha gente importante vinculada y tienen miedo. Hace días escuché , en una radio local, al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí admitiendo que conoce del tema y a varios profesionales en problemas. Que venza el miedo, que hable fuerte y claro.
Antes, señala Bello, los diputados de la pasada partidocracia tenían a sus contratistas, constructoras y prestanombres. Mas, ¿Qué cambió con los de ahora ? Nada. La mentira, obsecuencia, corrupción, componenda y prepotencia, de antes y ahora, nos da asco. Se multiplican los abusos en cada espacio, son cada vez más evidentes y contundentes; el discurso es mentiroso y la propaganda alienante y abusiva.
Bello acota, que debe quedar claro que un sector de esta gente corrupta sigue armando el aparataje para ser inmunes y al mismo estilo de los de antes: capturó Fiscalía, Contraloría, entidades de control constitucional y pronto completará el circulo de la justicia toda a través del llamado quinto poder.
De otra parte, con ocasión del acompañamiento al activista político Carlos Vera por varios cantones de Manabí. Bello pudo atestiguar las desesperanzas de muchos manabitas (El Diario 12 marzo 2010).
De a poco ha ido calando en las mentes y conciencias de mucha gente, anota Bello, aquello que empezaron diciéndonos de la pesadilla “roboilusionaria” que emana del régimen de turno. La corrupción campea como antes o más. Entre las cosas que impactó está el relato de un profesional al que le habrían pedido tres por ciento sólo para conversar del “amarre” contractual. Si se realizaba con el la obra, otro aporte sustancial debería hacer obligatoriamente. Hay una obra pública donde el verdadero dueño de la obra es uno, otro el que firmó el contrato
y otro, muy distinto, el que está al frente de los trabajos de construcción.
En una institución cuestionada -el MIDUVI- por la pésima calidad de sus obras, que aún tiene en ascuas a sus hipotéticos beneficiarios y con nervios chispeantes a los que firmaron esos contratos se subastaba contratos algo así: a una persona x, le cobraban el 9 por ciento por darle la obra, este accedía pero la entregaba a otro por el 11 por ciento; y así de mano en mano y de suministros exclusivos de materiales se llega hasta el 25 por ciento de incremento de costos.
Frente a la corrupción dentro de la contratación publica que se ha agravado en este régimen “roboilusionario”, concluye Bello, nos queda como opción, la denuncia, la organización, la resistencia y el valor de la dignidad para enfrentar esta “robolución de los caras de palo”.
19.9.3. Coímas, incumplimientos y estafas
El activista político Carlos Vera en su canal de la web www.youtube.com, titulado “El Manabí que ví” del 10 de agosto del 2010, da a conocer sus experiencias de su última visita realizado a la provincia, que pasa por revelar las desesperanzas que se tienen en la región, por el manejo corrupto que se da no sólo en la construcción de viviendas por parte de la estatal MIDUVI, sino en la construcción de vías.
En el primer caso, uno de sus últimos directores en Portoviejo, devino en favores del régimen para representarlo en las elecciones para Asambleísta y alcanzaron su objetivo. Pero, en el desempeño de sus funciones burocráticas, tiene que ver en el cobro de coímas, que globalmente tratado habrían alcanzado hasta el 25% por contrato.
Haciendo historia, hace ocho meses (diciembre 2008), habitantes de Manabí y Santa Elena denunciaron al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) la mala calidad de las casas que se construyeron con el plan “Socio Vivienda”; pero, las quejas han continuado porque varias obras fueron abandonadas y otras carecen de servicios básicos (Diario Hoy, 25 julio 2009).
De acuerdo con el rotativo, Rodrigo Pumagualli, Subsecretario del MIDUVI, del país, es en Manabí donde hay más polémica. Son 47 contratistas los que han incumplido con compromisos contractuales.
Ante la avalancha de quejas (Diario Hoy 21 de julio 2009), llegó a Portoviejo Víctor Barahona, subsecretario de Vivienda. Entonces, en la Dirección Provincial del Miduvi se armó una lista de contratistas incumplidos. Hasta ahora, según la portavoz de esta cartera de Estado, Isabel Intriago, se detectaron a 47 contratistas con problemas, de los cuales, parcialmente habían justificado 6. Del resto, no se sabe nada.
Los problemas más recurrentes son la mala calidad de los materiales que se utilizaronn en la construcción y el abandono de las obras.
El director provincial del Miduvi, Alfredo López, anunció que los incumplidos no iban a poder contratar con el Miduvi por lo menos cinco años, también que les harían efectivo el cobro de las garantías económicas y rescindirían los contratos.
Y las coímas pueden superar el millón de dólares, si se toma en cuenta que en la provincia se dieron 41 casos de contratos fallidos, a razón de 30 viviendas por contrato y USD 5.000 por bono, dando un capital susceptible de manipulación de alrededor de USD 6.150.000 dólares.
19.9.4. Derecho de repetición
Como en otras provincias se ha denunciado casos de incumplimientos, especialmente en tratándose de Santa Elena, Morona Santiago,… en donde se ha encontrado que los directivos del MIDUVI, deliberadamente se han hecho caducar las garantías y no se han podido efectivizar.
Es decir frente a las coímas entregadas por los contratistas a los directivos del MIDUVI, que provocó en lo principal el abandono de las obras y los incumplimientos contractuales, el Gobierno dejó de lado efectivizar el cobro de las garantías, en un claro comportamiento colusorio.
Vista la estafa, da lugar a que intervenga la Contraloría, que no lo ha hecho hasta ahora, para que establezca responsabilidades y sancione y que la Fiscalía intervenga y persiga a los responsables. Esto, por cuanto el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública (Art. 11 numeral 11 de la Constitución), están obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos. Incluye en este ámbito, quien ahora funge de Asambleísta por Manabí.
Pero ahora, como estamos en tiempos de la “revolución ciudadana”, en la cual el Régimen no persigue ni sanciona la corrupción, los perniciosos episodios ocurridos en el sector de la vivienda en la provincia corren el riesgo de quedar en la impunidad.
Link: www.ticsdemanabi.net
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