19.9. Vivienda otro icono de corrupcion

19.9.1. Toman posesión ilegal de viviendas inconclusas

Las más de cien familias que desde el 1.º de enero pasado del 2010 se posesionaron de las viviendas inconclusas contratadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) afirmaron a Diario Hoy (6 enero 2010) que no saldrán del lugar.
El rotativo destaca que esta acción fue tomada tras la espera de un año a los ofrecimientos del Miduvi de entregar 308 casas que se construían en la ciudadela Unidos Venceremos de Chone (Manabí) a los damnificados del invierno del 2008.
Milton Zambrano, presidente de la ciudadela, indico que los beneficiarios tomaron tal decisión porque no tienen donde vivir y además porque el Miduvi y el Municipio de Chone han postergado la entrega del proyecto ya varias veces.
Ante esta decisión el director provincial del Miduvi, Alfredo López, se comprometió a que las obras sean culminadas en un plazo de sesenta días. Mientras que solicitó una reunión con los contratistas de la obra, para acelerar los trabajos inconclusos.
Sin embargo varias beneficiarios presentaron sus dudas al respecto, pues afirmaron que "los contratistas del Miduvi en Manabí hacen lo que quieren y eso se demuestra en miles de casas que a nivel provincial aún no se terminan en los plazos previstos".
Por su parte el Director Nacional de Asentamientos del Miduvi, Ítalo Córdoba, ordenó que ante el hecho suscitado y para prevenir problemas mayores se tomen los correctivos necesarios para finalizar la obra en el plazo establecido.
Además, según Zambrano estas personas se resisten a salir de las viviendas porque han conocido que se pretendería dar este plan habitacional a otras familias.

19.9.2. Víctimas de la “roboilusión”

En el escándalo de las casas que construye el MIDUVI, Jorge Bello (El Diario, 5 marzo 2010) destaca que sus techos de “papel” (delgadísimo zinc), sus débiles estructuras, la falta de puertas y por último abandonadas, sigue marcando la vida de mucha gente, entre ellos, profesionales jóvenes que, desesperados por tener un ingreso económico, prestaron sus nombres a contratistas vinculados con los mandamás de turno y están con serios problemas legales, las cuentas no les cuadran y hay muchas obras abandonadas que no pueden ni podrán terminar porque el dinero fue ya repartido y los cálculos fallaron.
Allí, anota Bello, hay un drama del que se habla a baja voz y que nadie se atreve a tocar públicamente. Aquí hay mucha gente importante vinculada y tienen miedo. Hace días escuché , en una radio local, al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí admitiendo que conoce del tema y a varios profesionales en problemas. Que venza el miedo, que hable fuerte y claro.
Antes, señala Bello, los diputados de la pasada partidocracia tenían a sus contratistas, constructoras y prestanombres. Mas, ¿Qué cambió con los de ahora ? Nada. La mentira, obsecuencia, corrupción, componenda y prepotencia, de antes y ahora, nos da asco. Se multiplican los abusos en cada espacio, son cada vez más evidentes y contundentes; el discurso es mentiroso y la propaganda alienante y abusiva.
Bello acota, que debe quedar claro que un sector de esta gente corrupta sigue armando el aparataje para ser inmunes y al mismo estilo de los de antes: capturó Fiscalía, Contraloría, entidades de control constitucional y pronto completará el circulo de la justicia toda a través del llamado quinto poder.
De otra parte, con ocasión del acompañamiento al activista político Carlos Vera por varios cantones de Manabí. Bello pudo atestiguar las desesperanzas de muchos manabitas (El Diario 12 marzo 2010).
De a poco ha ido calando en las mentes y conciencias de mucha gente, anota Bello, aquello que empezaron diciéndonos de la pesadilla “roboilusionaria” que emana del régimen de turno. La corrupción campea como antes o más. Entre las cosas que impactó está el relato de un profesional al que le habrían pedido tres por ciento sólo para conversar del “amarre” contractual. Si se realizaba con el la obra, otro aporte sustancial debería hacer obligatoriamente. Hay una obra pública donde el verdadero dueño de la obra es uno, otro el que firmó el contrato
y otro, muy distinto, el que está al frente de los trabajos de construcción.
En una institución cuestionada -el MIDUVI- por la pésima calidad de sus obras, que aún tiene en ascuas a sus hipotéticos beneficiarios y con nervios chispeantes a los que firmaron esos contratos se subastaba contratos algo así: a una persona x, le cobraban el 9 por ciento por darle la obra, este accedía pero la entregaba a otro por el 11 por ciento; y así de mano en mano y de suministros exclusivos de materiales se llega hasta el 25 por ciento de incremento de costos.
Frente a la corrupción dentro de la contratación publica que se ha agravado en este régimen “roboilusionario”, concluye Bello, nos queda como opción, la denuncia, la organización, la resistencia y el valor de la dignidad para enfrentar esta “robolución de los caras de palo”.

19.9.3. Coímas, incumplimientos y estafas

El activista político Carlos Vera en su canal de la web www.youtube.com, titulado “El Manabí que ví” del 10 de agosto del 2010, da a conocer sus experiencias de su última visita realizado a la provincia, que pasa por revelar las desesperanzas que se tienen en la región, por el manejo corrupto que se da no sólo en la construcción de viviendas por parte de la estatal MIDUVI, sino en la construcción de vías.
En el primer caso, uno de sus últimos directores en Portoviejo, devino en favores del régimen para representarlo en las elecciones para Asambleísta y alcanzaron su objetivo. Pero, en el desempeño de sus funciones burocráticas, tiene que ver en el cobro de coímas, que globalmente tratado habrían alcanzado hasta el 25% por contrato.
Haciendo historia, hace ocho meses (diciembre 2008), habitantes de Manabí y Santa Elena denunciaron al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) la mala calidad de las casas que se construyeron con el plan “Socio Vivienda”; pero, las quejas han continuado porque varias obras fueron abandonadas y otras carecen de servicios básicos (Diario Hoy, 25 julio 2009).
De acuerdo con el rotativo, Rodrigo Pumagualli, Subsecretario del MIDUVI, del país, es en Manabí donde hay más polémica. Son 47 contratistas los que han incumplido con compromisos contractuales.
Ante la avalancha de quejas (Diario Hoy 21 de julio 2009), llegó a Portoviejo Víctor Barahona, subsecretario de Vivienda. Entonces, en la Dirección Provincial del Miduvi se armó una lista de contratistas incumplidos. Hasta ahora, según la portavoz de esta cartera de Estado, Isabel Intriago, se detectaron a 47 contratistas con problemas, de los cuales, parcialmente habían justificado 6. Del resto, no se sabe nada.
Los problemas más recurrentes son la mala calidad de los materiales que se utilizaronn en la construcción y el abandono de las obras.
El director provincial del Miduvi, Alfredo López, anunció que los incumplidos no iban a poder contratar con el Miduvi por lo menos cinco años, también que les harían efectivo el cobro de las garantías económicas y rescindirían los contratos.
Y las coímas pueden superar el millón de dólares, si se toma en cuenta que en la provincia se dieron 41 casos de contratos fallidos, a razón de 30 viviendas por contrato y USD 5.000 por bono, dando un capital susceptible de manipulación de alrededor de USD 6.150.000 dólares.

19.9.4. Derecho de repetición

Como en otras provincias se ha denunciado casos de incumplimientos, especialmente en tratándose de Santa Elena, Morona Santiago,… en donde se ha encontrado que los directivos del MIDUVI, deliberadamente se han hecho caducar las garantías y no se han podido efectivizar.
Es decir frente a las coímas entregadas por los contratistas a los directivos del MIDUVI, que provocó en lo principal el abandono de las obras y los incumplimientos contractuales, el Gobierno dejó de lado efectivizar el cobro de las garantías, en un claro comportamiento colusorio.
Vista la estafa, da lugar a que intervenga la Contraloría, que no lo ha hecho hasta ahora, para que establezca responsabilidades y sancione y que la Fiscalía intervenga y persiga a los responsables. Esto, por cuanto el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública (Art. 11 numeral 11 de la Constitución), están obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos. Incluye en este ámbito, quien ahora funge de Asambleísta por Manabí.
Pero ahora, como estamos en tiempos de la “revolución ciudadana”, en la cual el Régimen no persigue ni sanciona la corrupción, los perniciosos episodios ocurridos en el sector de la vivienda en la provincia corren el riesgo de quedar en la impunidad.

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19.8. Represion a la produccion y exportacion de productos

19.8.1. No se fomenta la producción

Los agricultores que cultivan arroz y que están por cosechar la gramínea (El Universo 14 septiembre 2008) están muy preocupados porque con la fijación de precios del Gobierno Central, no alcanzarán a tener ganancias.
Los agricultores de Charapotó (cantón Sucre), por ejemplo, atraviesan una crisis por la caída del precio que se situó en 28 dólares el quintal y sin posibilidad de ser exportado, por decisión del Gobierno, a efectos de “forzar” a que se frenen o caigan los precios. Lo más grave para los agricultores es que el costo de los insumos (semillas, abonos, herbicidas, fungicidas) para producir arroz se ha incrementado, cuyos costos justamente alcanzan al inconsulto precio fijado por el Gobierno.
Por ello, los agricultores acusan al Gobierno de estar aplicando una mala política al fijar el precio para los arroceros sin considerar lo que cuesta producirlo. Y dijeron, que “el arroz bajará de precio sólo cuando se mejoren las tecnologías de explotación o, cuando bajen los precios de los insumos; caso contrario, la labor dejará de ser rentable y nadie sembrará”.
De otra parte, la úrea subsidiada por el gobierno “para ayudar a los pequeños productores”, la cual se vende en 16 dólares a cada uno de los productores que lo soliciten, pero les toca a 2 sacos por hectárea, lo cual, poco ayuda, cuando una hectárea necesita de 6 sacos. Y se hace hasta un máximo de 8 sacos por agricultor.
De lo expuesto, si no se levanta la fijación de precios y la represión aplicada al sector, a partir de las cosechas del 2009 tendremos una acentuada reducción de la oferta productiva y a la vez, su consecuente incremento de precios.
Es que Ecuador no puede abstraerse a la Ley de la Oferta y la Demanda, por más que se tenga un gobierno “revolucionario.

19.8.2. Exportaciones subsidiadas a Venezuela

En el año 2008 (El Universo 20 octubre 2008) el Gobierno decidió seguir manteniendo la prohibición para las exportaciones de arroz hacia países como Colombia y el Perú. No obstante, USD 600 dólares es el precio de venta de la tonelada métrica de arroz con destino a la Venezuela de Hugo Chávez. Con la medida, se ha logrado mantener en USD 28 el precio del saco de arroz, afirmó el ministro de Agricultura Ramón Espinel.
El funcionario, sin embargo, no indicó cuál es la cantidad de arroz que sale al exterior. Las cifras tampoco están disponibles en la Corporación para la Promoción de Exportaciones e Importaciones (Corpei) ni en el Banco Central.
Meses después, Espinel anunció (El Universo, 31 julio 2009) que Ecuador exportarà a Venezuela 30.000 toneladas de arroz en cáscara y 20.000 toneladas de maíz para el mes de agosto. Pero, no dio detalles sobre el monto que aspira recibir Ecuador por la exportación a Venezuela, ni el precio por tonelada que se negoció, no obstante, se especula que el arroz se lo vende a USD 600 la tonelada métrica, valor FOB.
Como el transporte de la gramínea a Venezuela se estima en el 40% del valor FOB, deduciéndose los costos operacionales locales, se considera que el subsidio llega al 50%
Además dijo Espinel que el Ecuador abrirá una exportación de arroz y maíz por unas 100.000 toneladas para cada producto, que serán negociadas directamente por los productores locales con los potenciales compradores.
Quito y Caracas impulsan alianzas "estratégicas" en varios sectores para desarrollar proyectos y fomentar inversiones, en todos los órdenes, como parte de sus coincidencias ideológicas para impulsar el “socialismo” en la región.
Pero, a los gremios de la producción se los mantiene al margen. No participan en las negociaciones, sino que, les dan negociando.

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19.7. Correa deja sin Puerto de Transferencia a Manta

19.7.1. Nefasta intromisión

Que el presidente Rafael Correa force para estar en todas las grandes obras, como el principal artífice, imponiendo sus criterios al margen de acuerdos contractuales y provocando el rompimiento de aquéllos, es reprochable, por los efectos negativos que se llegan a producir en contra de los pueblos, porque atenta al desarrollo de los mismos.
Es del caso que, por incumplimientos en que incurrió Terminales Internacionales del Ecuador (TIDE), subsidiaria de la multinacional china Hutchison Port Holding, para ejecutar el contrato de concesión del Puerto de Manta, el Gobierno Nacional presionó para modificar el referido contrato, anunciando el retiro del aporte de USD 55 millones con préstamo de la CAF.
Frente a la presión del Gobierno, la concesionará decidió abandonar el Puerto y retirarse, aduciendo que se forza a modificar el contrato y a romper el ordenamiento jurídico, en razón a que de una manera unilateral no se pueden variar las reglas del contrato.

19.7.2. “Ciegos” ante las obligaciones del contrato

1. El Proyecto Técnico Básico (PTB y el Proyecto de Ingeniería de Obras, como componentes del contrato, prevén un aporte de la Autoridad Portuaria de Manta (APM) de hasta USD 55 millones para destinarlo a obras de infraestructura en la I Fase (Puerto de Aguas Profundas), incluyendo en aquellas los muelles pesqueros por USD 5.6 millones;
2. Según el PTB, la APM se comprometió a gestionar un crédito ante la Corporación Andina de Fomento (CAF) el mismo que se cancelará con los ingresos que generará la Ley de Desarrollo del Puerto de Manta. Sin el aporte no hay infraestructuras;
3. Frente a desequilibrios, la APM estaba obligada (cláusula 59.3 y 61.3) a: “restablecer el equilibrio económico financiero del contrato” a favor del concesionario….; a “compensar los perjuicios (daño emergente y lucro cesante)” a favor del concesionario si hay modificaciones unilaterales al contrato…;
4. Se modifican los contratos (cl. 59.4)cuando se reducen los beneficios del concesionario en más del 20% del nivel de la ecuación económico-financiera, esto es, del TIR contemplados en el Plan de Negocios;
5. La APM no siguió los procedimientos (cl. 62 y 64) para nivelar la ecuación que restablece el equilibrio contractual a favor del concesionario. Por el contrario, primó la decisión gubernamental de retirar el aporte de los USD 55 millones;
6. Si bien se fija domicilio legal de las partes en la ciudad de Manta, la APM “renunció a la jurisdicción de jueces y tribunales del Ecuador” (cl. 101.4). Con ello, TIDE nos puso a merced de tribunales internacionales;
7. Si TIDE invirtió USD 20 millones, por el “lucro cesante” de 28 años no explotados, demandarían una indemnización que podría ser de 10 veces de lo que habían invertido.

19.7.3. Manta pasa la posta a Posorja

Para el colmo de Manta y Manabí, que pierden la magna construcción, verán de lejos como en Posorja se levantará el megapuerto. El Consejo Nacional de Marina Mercante, el pasado 5 de marzo, contando con informes favorables del Consejo de Seguridad Nacional y de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, autorizó a la compañía Alianza Internacional Portuaria (Alimport) para que ejecute el proyecto de puerto de aguas profundas y transferencia internacional de cargas y contenedores en Posorja, parroquia del cantón Guayaquil, no obstante que en ésta se deberá dragar el canal de acceso que es de 8 mts de profundidad.
Alimport es una empresa creada en Ecuador por el grupo español Albacora que tiene como socias locales a las compañías Nobis y Vilaseca y tiene previsto una inversión de 450 millones de dólares.
Adicional a la terminal portuaria se prevé la construcción de una zona franca donde operarán industrias y empresas comerciales.

19.7.4. Intromisión perniciosa del Gobierno de Correa

El ultimatum para la concesión del Puerto de Manta (El Diario 7 enero del 2009) provino del Gobierno Central: “La concesionaria del puerto de Manta, Terminales Marítimos del Ecuador (Tide), del grupo chino Hutchinson Port Holdings, tiene 90 días para desarrollar la fase A1 del proyecto del puerto de Transferencia de Carga Internacional”.
Álex Villacrés, Subdirector General de Puertos dijo; “tienen tres meses, si no cumplen se termina la concesión” ,….”se ha retirado el aporte estatal de USD 55 millones, que están destinados a las obras de los muelles pesqueros y para los trabajos correspondientes a la primera fase del megapuerto.
Lucía Fernández, presidenta de APM, aclaró que cuando se firmó el contrato de concesión entre TIDE y APM se consideró un aporte de USD 55 millones para las obras del proyecto,… existen en caja USD 12 millones correspondientes al fideicomiso, cuyo monto global es de USD 55. “La Corporación Andina de Fomento (CAF) tiene aprobado un crédito por USD 35 millones, el resto se financia con el 1% CIF a las importaciones”.
El Telégrafo (10 de febrero del 2009) de su parte destaca que según Alex Villacrés, la empresa TIDE ha incumplido por varias ocasiones el contrato, por lo que en una reunión mantenida en el Palacio de Gobierno, en enero de este año, el Ministerio de Transporte, la Secretaría jurídica de la Presidencia de la República y la Subsecretaría de Puertos, analizaron la situación y determinaron que la única manera para salvar la concesión es hacer modificaciones, resolución que fue dada a conocer posteriormente por el presidente de la República, Rafael Correa, quien así se expresó en una de sus cadenas radiales.
“Propusimos a TIDE que el Estado se haga cargo directamente de la construcción de la parte pesquera industrial que para la empresa no era más que una obligación. De esa manera podía tener las manos libres para continuar trabajando en la terminal de transferencia de carga internacional que es realmente el negocio”.
Sin embargo, TIDE consideró la propuesta como una modificación al contrato y base de la inseguridad jurídica contractual.

19.7.5. Acuerdo transaccional pendiente y adiós al megapuerto

Pedro Vincent Bowen (El Diario 29 noviembre 2009) destaca que el pasado dia 27 sobre el proyecto de “Acuerdo Transaccional TIDE –APM” para dar por terminado el Contrato de Concesión de Puerto Manta, hay 12 recomendaciones que se deben de cumplir, de acuerdo con criterios de la Procuraduría del Estado.

Las más relevantes son:

1.- Que el aporte de 600.000 dólares que propone TIDE a APM debe ser para contratar seguros destinados a cubrir cualquier contingencia frente a terceros en contra de TIDE por responsabilidades incurridas con anterioridad al 28 de febrero del 2009 (fecha en que TIDE se largó sin decir adiós).
2.- Que en los seguros se incluyan responsabilidades para cubrir deudas privadas y obligaciones tributarias anteriores al 28 de febrero del 2009.
3.- Que los concesionarios acrediten con documentos idóneos el “perdón” de las deudas (18 millones de dólares) que mantiene TIDE con el holding Hutchison por préstamos dados.
4.- Que deben quedar afianzadas también las obligaciones patronales con el IESS y laborales con los trabajadores de TIDE que pudiesen estar pendientes.
5.- Que se especifique que nada tiene que ver APM con los reclamos de las víctimas de la fuga de amoniaco en el barco Andrea F., responsabilidad que corresponde al armador panameño Bahía Esmeraldas S.A. y a Seguros Equinoccial.
6.- Que no se puede exonerar a TIDE las violaciones contractuales y dejar sin aplicar (previamente) las sanciones correspondientes (40.000 dólares de multa).

El informe advierte que: “TIDE y APM deberán replantear los términos del proyecto de Acuerdo Transaccional presentado (cumpliendo) con las observaciones anteriores para solicitar nuevamente la autorización para la transacción solicitada…”. Si no,…el Procurador no dará luz verde al Acuerdo… que es lo que algunos interesados quieren.
Y Vicent Bowen pregunta: ¿Podrán APM y TIDE cumplir todos los requisitos dispuestos e impuestos por el Procurador, en apenas 15 días que faltan para que se venzan los actuales seguros que amparan el fiel cumplimiento del Contrato de Concesión?.
Algunos creemos que no se alcanzarán a cumplir con los requerimientos. Y con ello, no se podrán cobrar las garantías que ascienden a USD 7’500.000 dólares.
Los poderes públicos, preocupados tan sólo en cobrarle a TIDE la garantía por incumplimiento del contrato han consumado el abandono absoluto del megaproyecto de Manabí, hábida cuenta que no hay predisposición para retomar el tema de la concesión.

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19.6. Perdidas del aeropuerto, telecomunicaciones y electricidad

19.6.1.- Aeropuerto de Manta revirtió al Estado
Con el Decreto Ejecutivo 1112 del 28 de mayo de 2008, el Presidente, Rafael Correa dispuso que el Aeropuerto “Eloy Alfaro” que venía de ser administrado por la Municipalidad de Manta a través de la Corporación Aeroportuaria de Manta (Corpam) pase a ser administrado por la Dirección Nacional de Aviación Civil (DAC) y el Ministerio de Defensa Nacional a través de la FAE.
Se recuerda que mediante Decreto Ejecutivo No. 1050 de 5 de noviembre de 2003, publicado en el Registro Oficial No. 212 de 17 de noviembre del mismo año, al amparo de la Ley de Descentración del Estado, pero que ahora se ha derogado, se autorizó al Municipio de Manta para que construya, administre y mantenga el aeropuerto "Eloy Alfaro".
Según voceros de la Corpam, hay unos 12.000 pasajeros de salida e igual número en llegada, es decir un total de 24 mil cada mes. En el 2008 se espera que por el aeropuerto se movilicen más de 280.000 personas.
Contrastando, cuando la Municipalidad recibió el aeropuerto, sólo tenían 2 frecuencias diarias. Ahora trabajan con 8, a más de los vuelos charter de carga que salen especialmente con pescado.
En tiempos en que se promueve la autonomía en Manabí, la descentralización y la desconcentración de funciones para propiciar eficiencia en la gestión pública, la decisión gubernamental centralista ha enervado el sentimiento provincial por luchar para que se revoque la reversión.
Vale anotar, que la razón principal para promover la reversión del aeropuerto al Estado esta en que “ha transcurrido 5 años y no se ha llevado a cabo el proceso de contratación para delegar la concesión del mencionado aeropuerto, obstaculizándose su modernización y desarrollo urbanístico de dicho cantón, lo cual no es conveniente para el Estado”.
De cuando en cuando también se ha dicho por parte de voceros gubernamentales que se “están creando las condiciones para hacer del aeropuerto, uno de transferencia internacional tanto de personas como de carga, siguiendo el ejemplo de Singapur. Pero, son 2 años desde la imposición de la reversión. Y no hay nada de planes concretos e inversiones que se hayan implementado o que estén en mente para el futuro.

19.6.2. Reversion en telecomunicaciones y electrificacion

Por un lado, el centralismo acaparó las empresas de telecomunicaciones estatales pero bajo la figura de sociedades anónimas: Andinatel, Pacifictel y Alegro. Esta última la que más pérdidas provoca al Estado por la corrupción y el ineficiente manejo del ente. Con la absorción, se constituyó la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (Conatel/CNT) el 26 de febrero del 2009; al tiempo que también, se creó para el sector eléctrico que finalizarían en la creación de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) para la generación y transmisión de electricidad, y la Corporación Nacional de Electricidad (CNE) para su distribución.
Con esta decisión del Gobierno de Correa, de controlarlo todo, se esfumaron las posibilidades de dar paso a la creación de Pacifictel Manabí (escindida de la matriz) o la Empresa Manabita de Telecomunicaciones (Manabitel) que el Gobierno Provincial venía de impulsarlo. Hoy la CNT es una sucursal más de la matriz.
Igualmente, con la decisión del Gobierno de crear la CNE, se absorbió a la autónoma Empresa Eléctrica de Manabí (Emelmanabí), convirtiéndola a ésta en sucursal de aquella. Para que tenga lugar la fusión de creación de la CELEC a través de la compra del capital suscrito y pagado que posee el Gobierno Provincial de Manabí en la Corporación Eléctrica del Ecuador, de reciente creación, pagó a favor de la entidad provincial USD 594.904 que corresponden al valor nominal de los títulos de acciones, que en el pasado tenía en la Empresa Eléctrica de Manabí (Emelmanabí).
Que se haya impuesto el pago de la “compra-venta” tomando de referencia el valor histórico registrado en libros, muchos señalan que es un atropello más del régimen contra la provincia y el país.
El objetivo principal de la fusión concentradora es que las empresas compartan y optimicen sus recursos. Cada una será una unidad autónoma de negocios, que responderán a objetivos planificados del organismo integrador con independencia técnica, administrativa y financiera.
Pero lejos de las buenas intenciones que pueda tener el Gobierno para administrar los servicios básicos, sabido es que es un pésimo administrador de los mismos. Por lo que, no pasará algún tiempo para que la ciudadanía despierte y reclame por la autonomía local de las empresas.

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19.5. Contra la desconcentracion del poder y la autonomia

19.5.1. En el pasado Manabí mantenía al Estado

Una permanente marginación, inequidad y represión que le han venido dando a la provincia los Gobiernos de turno a partir del asesinato y arrastre de Eloy Alfaro en 1912; y, por la muerte de 5,000 seguidores de Alfaro que se cometieron de 1913 a 1916; y a la vez, por el exterminio del alfarismo (Eloy Alfaro y sus Victimarios, José Peralta pag. 474), esta situación vulneró el emporio de riqueza de Manabí, degeneró el sistema económico y devino en la región un estado de postración y de ser “mantenidos del Estado”.
Debemos recordar, que en las primeras décadas del siglo XX “..los impuestos que se cobraban al comercio exterior (importaciones y exportaciones) iban en aumento, los cuales fueron destinados a muchos fines, incluso para solucionar las crisis fiscales de los gobiernos centrales de turno” (Soberanía e Insurgencia en Manabí, pag. 79, Carmen Dueñas).
“En el pasado Manabí no ha tenido un trato justo y equitativo por parte de los poderes centrales en asignación de recursos y obras, frente a los aportes al erario nacional que brindaba por concepto de impuestos. La provincia era victima de la discriminación y el abandono… En el pasado no tuvo peso político: Manabí, a pesar de la revolución, tuvo dinero para pagar todos sus gastos administrativos y militares y aún para remitir buena cantidad de pesos a la capital y otras provincias” (Narraciones Históricas de Manabí, pag. 56 y 60, Wilfrido Loor).
“Hasta el año de 1928 daba al Fisco por concepto de impuestos, la halagadora suma de 10 millones de sucres, de los cuales no llegaban a invertirse en su administración y en las poquísimas obras publicas que efectuaban, una cuarta parte”...Se tributaba más de lo que recibía. “Las estadísticas de 1926 a 1928 testifican que Manabí entregaba al Gobierno cerca de 11 millones de sucres por rentas por año. Sus gastos inclusive hasta el Ejército y la Corte que atiende también a Esmeraldas, eran de 3 millones ciento dieciocho mil sucres. Manabí exportaba unos 6 millones de sucres e importaba cerca de 2 millones. Si se le permitiera autonomía monetaria, su divisa sería el cóndor oro, o las águilas. Ella aspiraba a la federación económica"...Y fue grande el aporte de Manabí a la economía nacional, “rindiendo al máximo de sus fuerzas en tanto que sus pueblos no tienen agua, sufren de enfermedades y epidemia...” (Monografía Histórica e Ilustrada de Manabí, pag. 1, 12, 21 y 23 de José Buenaventura Navas, 1934)

19.5.2. Mantenidos por culpa del Estado

En El Diario del 6 de junio del 2008 pag. 6A se recoge una entrevista realizada a Carlos Marx Carrasco, Director del SRI afirmando que la "Autonomía de Manabí no es sustentable" y que la provincia depende en mucho del poder central y que precisamente esa dependencia le inhabilita a acceder a la autonomía.
Carrasco enfatiza que el Azuay aporta 3 veces más que Manabí a pesar de que en ésta la población es el doble que en aquella,…y como recibe 4 y hasta 5 veces más de lo que aporta, no viabiliza el auto-financiamiento de la autonomía de Manabí.
Y Carrasco se queda corto. La diferencia contable es 6 veces: USD 73.7 millones (Rentas, IVA, ICE, aduanas) frente a los USD 428.7 millones, (350.6 el Gobierno Central y 78.1 las entidades descentralizadas, exceptuando las empresas públicas como Emelmanabí, Pacifictel…) según la “Ejecución Presupuestaria Consolidada” del Ministerio de Economía, del 2007 (www.mef.gov.ec).
Pero el funcionario, con su interpretación “oportuna”, en momentos en que la Asamblea Constituyente esta en la “recta final” para discutir y aprobar la nueva Constitución, en el contexto de una campaña para desacreditar la demanda autonómica de Manabí, que viene de ser planteada desde el año 2000, a raíz de la Consulta Popular, no hace otra cosa que constituirse en un vocero más del centralismo que impulsa el Gobierno de PAIS, que antes que impulsar las descentralizaciones y desconcentraciones, procede en contrario.
Es que se pretende que las grandes decisiones y ofrecimientos deben de seguir generándose sólo desde Quito. No de otra forma, por ejemplo, se explica que el Presidente Correa dicte el Decreto N. 1112 del pasado 28 de mayo, por el cual el Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta que venía de ser administrada por la Corpam (Corporación Aeropuerto de Manta) con el Municipio a la cabeza, disponiéndose su reversión al Estado (Dirección Nacional de Aviación Civil y al Ministerio de Defensa Nacional), bajo el pretexto de impulsar el proceso de concesión a un operador privado.

19.5.3. Estado empobrecedor

La limitada y pobre tributación de Manabí cierto que le ha impedido, impiden e impedirán cumplir sus obligaciones de gasto público provincial, y que le han hecho dependiente del presupuesto fiscal, se ha debido a varias razones:
1.Represión a sus medios de producción, por la falta de políticas de crédito, fomento y asistencia técnica;
2.Represión con tributos a las exportaciones locales;
3.El maltrato a su vialidad y a sus puertos: primero al de Bahía de Caráquez y después a Manta; aunque este último comenzó a repuntar cuando como proyecto se impulsa transformarlo en Puerto de Transferencia de Carga Internacional, proyecto éste que se frenó por la lesiva injerencia de Correa en las decisiones de Autoridad Portuaria;
4.Deficiente atención y fondeo de la educación básica de calidad y para todos;
5.Falta de políticas de Estado, de planes y proyectos de desarrollo;
6.Incapacidad de gestión y corrupción generalizada de sus dirigentes;
7.Falta de cultura tributaria y de tributación en el lugar en que se produce el hecho generador (por las ventas en Manabí), concentrándose más bien en Quito y Guayaquil por parte de las grandes corporaciones.

19.5.4. Manabí exige reparaciones reivindicativas

La gestión de 85 asambleístas en la Constituyente de Montecristi del 2008 para hacer efectiva la ofrecida descentralización de los poderes del Estado y que en Manabí sea la sede permanente de la Asamblea Nacional (Congreso), por gestión impulsada por el asambleísta Ricardo Zambrano, quedó en nada.
El posicionamiento del gobernante “Movimiento País”, de mantener concentrados los poderes en Quito, por “tradición”, “historia”, “seguridad”, “costos”; porque el país necesita un “corazón fuerte”, que sea un árbol con “tronco robusto”,... Pamplinas.
Y dado que la “Propuesta Autonómica de Manabí” promovida por el Consejo Provincial de Manabí fue burlada,… nos toca persistir en los anhelos de descentralización y autonomía y luchar por ello, por derecho y por justicia. Quito y el país le deben una reparación a Manabí, por los atentados irrogados a la provincia, en el pasado.
Y en el presente también, si se considera, por ejemplo, que las transferencias del Gobierno Central a las Municipalidades por habitante en el año 2010 representa en Quito a USD 99, mientras que a los de Jipijapa, Chone, Manta, Portoviejo son inferiores a USD 70.

19.5.5. Constituyentes se "limpiaron" con Manabí

Sobre la proximidad de la aprobación por parte de la Asamblea Constituyente de la nueva Constitución que se elaboró en Montecristi, Juan José Illingworth (17 julio 2008), destaca lo siguiente:
Los paisanos de “Movimiento País” se llevaron a Quito los borradores de la Constitución, para que sean revisados por una Comisión de Redacción de expertos del interior. Es un anticipo de lo que harán el próximo 24, día del viejo Bolívar, cuando se lleven definitivamente la Asamblea desde Ciudad Alfaro hasta la ciudad en donde lo mataron. Los paisanos llegarán el lunes a Manta, para el jueves ya se habrán bañado en esta provincia, es decir, se habrán limpiado en Manabí.
Pero también en el resto de provincias, pues Manabí no es la única que aprobó por consulta popular la Autonomía en el año 2000, que ahora quedaría (quedó) sepultada si acaso lograse imponerse la desde ya atosigante propaganda por el Sí que el gobierno hace con nuestros dineros.
La falsedad del gobierno radica en esto: el texto candidato a Constitución no toca el poder de las provincias, a pesar de que eso implica una inicua distribución del poder legislativo y por ende de los recursos públicos. Correa lo sabe y por eso ofreció en campaña los Distritos electorales de igual tamaño poblacional, pero su identificación sicológica con el poder lo hace actuar electoralmente. Dio marcha atrás con la desaparición de los Consejos Provinciales, pues percibió que es fácilmente explotable la pertenencia afectiva a una provincia y encontró allí la manera de esterilizar la Autonomía, poniendo el requisito de que una provincia deba renunciar a su identidad fusionándose con otra, aún cuando aquello no sea necesario para merecer, por cuenta propia, el estatus de Región Autónoma.
Manabí por ejemplo, tiene más gente que la región oriental y más población que 10 provincias juntas. Según los alza manos de “País”, podrán formar “Región Autónoma” pares de provincias como Pastaza y Napo que juntas suman la octava parte de Manabí; o Bolívar y Cañar con la tercera parte. Pero Manabí sola no. Qué temor y amargura tendrán “Paisanos” como la Romo, el Acosta, César Rodríguez, el de radio “La Luna”, el Flanders y el cejón Bustamante, como para que pongan tanto enojo en trabar un pronunciamiento popular tan demostrado como el autonómico. Es verdad que también levantarán la mano algunos costeños de alquiler, traidores de Manabí y de la Costa, que piensan con el bolsillo y no con amor a su tierra. Todos ellos, a nombre de “la Patria” y del “país", se han limpiado en Manabí y en el País, mientras el pueblo tendrá la última palabra en las urnas.
Vino el referéndum y con ello, la aprobación de la nueva Constitución, la cual termina por eliminar que Manabí por si sola se constituya en región autónoma, así como para que en la provincia sea la sede del poder Legislativo.
Queda por tanto, latente la lucha que debe impulsarse en Manabí para empujar procesos descentralizadores, desconcentradores y autonómicos.

19.5.6. Aprender de Alemania, por ejemplo

Frente a la urgente necesidad de promover la integración nacional y a la vez revertir la perniciosa y anacrónica tendencia centralista, procede sustentarnos en las lecciones de la historia, del “bien hacer” como nos la da la alemana. Y comparando, vale hacerlo presente.
El régimen imperial Nazi, desde Berlín, conllevó en el pasado, la persecución y asesinato de millones de personas, así como la destrucción de varios países. Los aliados a su vez para exterminar el nazismo, destruyeron la mayor parte de Alemania. En 1948, la Asamblea Constitucional se reunió en Bonn y en 1949 declaró a ésta como la Capital Federal y la sede única del Gobierno. Al tiempo que, se implementó un Plan de Reivindicación (Plan Marshal)
Durante cinco décadas la ciudad resultó ser una excelente anfitriona del Gobierno de una nación que se convirtió durante ese tiempo en una potencia económica mundial.
No obstante, con el Tratado de Unificación de 1990, Bonn con magnánima actitud cedió a Berlín ser la Capital Federal. El Parlamento Federal el 20 de junio de 1991 acordó su traslado a Berlín. Se planificó y ejecutó los procesos descentralizadores con traslados ordenados. El Parlamento y 9 ministerios (de 15) del Gobierno iniciaron en 1999 su trabajo en Berlín.
Bonn de acuerdo con la Ley Berlín-Bonn de 1994 se constituyó en el segundo centro político de la República Federal. Y los gobernantes tienen su segundo domicilio en aquélla. Y en ésta tienen su sede 6 ministerios.
Y los demás poderes del Estado (judicial, electoral, constitucional, control), descentralizadamente acordaron su ubicación en Munich, Karlsruhe, Kassel, Leipzig y Erfurt.
En Alemania, primó la racionalidad y la unidad. En el Ecuador, no.
Si la Asamblea Constituyente y el Gobierno Central no trabajan por la unidad e integración del pais, descentralizando, desconcentrando competencias y funciones, estan condenados a ser rechazados hoy y a futuro, hasta el dia en que se hagan rectificaciones en favor de la periferia.

19.5.7. Reversión con la autonomía

Volviendo a la necesidad de generar producción y crecientes rentas locales en montos suficientes para programar atender progresivamente el gasto público provincial, las perspectivas de que se generen aquellas son prometedoras, siempre y cuando con la autonomía se:
a) Construya el Complejo Petroquímico;
b) Que Manta se convierta en Puerto de Transferencia Internacional de Carga;
c) Que el aeropuerto de Manta también se eleve a la categoría de Transferencia Internacional de Carga;
d) Ejecute el Plan de Desarrollo Agropecuario Sostenible (PDAS) que impulsa el Consejo Provincial con alianzas estratégicas que promueve y que en 10 años demanda de una inversión superior a los USD 185 millones;
e) Ejecute el Eje Multimodal Manta-Manaos y se habilita las vias hacia Pichincha y el Guayas en infraestruc-turas de primer orden;
f) Jerarquice y promueva la: planificación estratégica, transparencia fiscal, rendición de cuentas y eficiencia de los poderes pùblicos, participación ciudadana, cultura tributaria de pago de impuestos, tributación en donde se operen los hechos generadores, lucha contra la corrupción y la impunidad,
g) Que los servicios públicos: aeropuerto, telecomunicaciones, electricidad, agua, sea administrados descentralizadamente,…

19.5.8. Experiencia española en la construcción de la autonomía

En el debate autonómico que se ha desatado y en el proceso que se intenta impulsar en Manabí y el país -aunque temporalmente reprimida por la Constituciòn del 2008-, vale poner en escena la experiencia mundial en general y la española en particular. Esta que es la más conocida por los ecuatorianos.
Para el ex-presidente de Cataluña (España), Jordi Pujol. En una presentación en Guayaquil en el 2005 destacó que “…se debe introducir cambios que hagan que el pais funcione y para ello se debe tener respecto a los ordenamientos democráticos….introducir una mentalidad positiva y creativa, que no haya canibalismo político, en el que haya unos cuantos valores básicos en bien del pais que sean asumidos por todos, y entre estos va-lores debe estar el autonomismo, porque éste esta demostrado en Alemania, España, Austria, Bélgica,...Se ha visto como la descentralización resulta desde el replanteamiento más modesto hasta el estado fuerte de las autonomía...”
Pero, Pujol advirtió que “Guayas tendrá que pagar una cuota de solidaridad para con el pais, como la paga Cataluña, para ayudar a las comunidades autónomas que tienen un mayor retraso en su desarrollo...”
Es que en el estado de atraso de algunas comunidades españolas, como es el caso de Extremadura, Andalucía, Galicia,... frente a la “ola autonómica” que se desató en España en los años 70s les indujo a encontrar en la autonomía el sistema político que les permita resolver aceleradamente sus problemáticas socio-económicas.
De allí que consensuando políticas arribaron a adoptar sus estatutos autonómicos, progresivamente, todas las 17 provincias de la Península Ibérica.
La Constitución de España reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Son 3 principios: unidad, autonomía y solidaridad. Todo se derrumba si se quita cualquiera de estos principios.
La autonomía, que no es soberanía, sólo es posible dentro de un Estado Único e implica un signo de disgregación del Estado, en el que el poder político se descentraliza en las regiones.

19.5.9. Solidaridad con el Fondo de Compensación

Como en el Ecuador, con las autonomías deberá implementarse un sistema que permita asistir económicamente a los territorios más atrasados, se deberá poner en vigencia un Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). En esto, la experiencia española es muy rica.
El artículo 2 de la Constitución Española reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las distintas nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. Asimismo, el artículo 158.2 establece que “Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un “Fondo de Compensación”.
Para hacer efectivo ese principio, la Ley Orgánica 8/1980, del 22 de septiembre, sobre Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) recogió en su artículo 16 los principios generales del FCI, así como las reglas básicas que rigen dicho Fondo. Después se dictaron normas complementarias con las Leyes 3/1996, 7/2001 y 22/2001.
El FCI que se nutría de recursos provenientes especialmente de Cataluña y el País Vasco, ha venido reduciendo el número de autonomías beneficiarias. Y en los últimos años han dejado de percibir partidas: La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla y Baleares.
Pero, después de 28 años de vigencia del FCI, éste ha seguido siendo un instrumento de desarrollo regional destinado a corregir los desequilibrios entre las comunidades autónomas y del que se benefician ya sólo 10 autonomías: Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Castilla y León) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Las 10 comunidades recibirán en el 2008 un total de 1.317,2 millones de euros, mientras que Ceuta y Melilla percibirán 20,6 millones. Esto representa un 8,1% más respecto al 2007.

19.5.10. Fondos de compensación para la autonomía de Manabì

En el "blog" de la asambleísta Tatiana Hidrovo en el sitio web www.asambleaconstituyente.gov.ec del pasado 29 de abril del 2008, después de dar sus razones sobre la validez de la autonomía como "instrumento de cambio profundo…para construir un modelo sustentable de vida", termina por jugarse por la tesis autonómica de Manabí y sumarse a la misma. Esto en teoría.
Mas, en la práctica, la realidad es muy distinta. La asambleísta manabita al afirmar que la autonomía será un hecho y que todo dependerá de los procesos que emprendan los manabitas, no hace más que posicionarse en un escenario utópico, en razón a que, con sus declaraciones recogidas por El Diario del pasado 16 de Mayo, pag. 10 A, afirmó que la Ley de Autonomías establecerá los requisitos a cumplir, entre los que figurarán que una región (Manabí) que interese ser autónoma deberá contar con capacidad contributiva (impuestos) suficiente.
Si así se concibe la posible autonomía provincial, ésta nunca llegaría a Manabí, porque los ingresos tributarios no permitirán cubrir el gasto público, dado que:

a.- Los ingresos netos totales por domicilio fiscal que se generan del Impuesto a la Renta, IVA e ICE, en el 2007 , por ejemplo, llegó a USD 54.2 millones y por aranceles aduaneros USD 19.5 millones, total USD 73.7 millones;

b.- Si se asume optimistamente que las empresas del cemento, hierro, gaseosas, combustibles, supermercados, electrodomésticos, telecomunicaciones,… que venden en Manabí pero que tributan en Quito y Guayaquil, representan un ingreso potencial por efectivarse a favor de la provincia de USD 100 millones, tal vez se habría tenido un ingreso global de USD 173.7 millones;

c.- Frente al Presupuesto Fiscal de Gasto de Manabí del año pasado (2007)que llegó a USD 369 millones, se tendría un déficit referencial que llegaría a USD 195.3 millones. Esta brecha sería cubierta por el Estado para atender la educación (USD 148 millones), salud (USD 40.5 millones) y el saldo (6.8) para cubrir otros sectores.

El déficit, mientras se estimula y potencia el aparato productivo provincial para que genere rentas que permitan ir cubriendo progresivamente el gasto público, sería cubierto por el Estado por un tiempo prudencial, que puede ser de unos 10 años, al amparo de la solidaridad, equidad, etc.
Y no es que Manabí seguiría siendo "mantenida" por el Estado, como alguna vez Elsa de Mena o Carlos Carrasco, ex - titulares del SRI peyorativamente señalaron frente a la demanda de fondos, sino, que el Estado esta obligado a apoyar a las provincias con mayores atrasos, más, cuando históricamente, provincias como Manabí que han sido reprimidos sus medios de producción con falta de créditos y asistencia técnica o en el maltrato a su vialidad, al uso del Puerto de Bahía primero y Manta después, a su salud, a su educación, a…
Por último, harían bien los asambleístas en revisar los procesos autonómicos de España, Bélgica, Brasil,…, dado que aquellos nos sirven de guía y lección. En estos países se implementaron los "Fondos de Compensación" como mecanismo que permite corregir desequilibrios económicos interterritoriales, ayudar a las áreas deprimidas y para hacer efectivo el principio de la solidaridad.

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I9.4. Incautación ilegal de Manageneración

19.4.1. Perniciosa decisión presidencial

Más allá de que los directores de la CRM en su oportunidad “regalaron” el negocio de generar electricidad a través de los embalses de Poza Honda y La Esperanza a la empresa Manageneración que se constituyó para el efecto, puesto que la principal empresa aportante: La Fabril, se reservó el 99,97% de las acciones y la CRM tan sólo el 0,03%, no obstante que la entidad estatal aportaba con alrededor de USD 500 millones en activos (infraestructuras); y aquélla, una inversión declarada de USD 12,3 millones, hubieron reclamos por aquello.
Infructuosamente intentaron “anular” el contrato: a) La Contraloría; b) El “Frente de Lucha contra Manageneración”; c) El ex asambleísta Felix Alcívar que tramitó un Mandato en la Asamblea Constituyente. Prevaleció el criterio de la vigencia de la "seguridad jurídica".
Mas, ocurre que, a más de los 3 intentos fallidos antes anotados y lejos de disponer las investigaciones y sanciones del caso por el perjuicio que se irroga en el 40,7% por la baja de caudales en la conducción de aguas por parte de la constructora brasileña Odebrecht en el proyecto Carrizal-Chone, contándose con la complicidad de los directivos de la Corporaciòn para el Manejo de los Recursos Hídricos (CRM), el Presiente Correa argumentando un “deficiente manejo” de los sistemas eléctricos construídos en los embalses y trasvases de La Esperanza y Poza Honda, inconsultamente, por Decreto Ejecutivo # 69 dispuso la incautación de los bienes de Manageneración, no obstante que en el anterior Decreto el N. 40 que en su Art. 4 establece que las obligaciones por contratos celebrados por la CRM serán asumidos por Senagua, por lo que se respetaría, perentoriamente, el contrato con Manageneración.
El Ejecutivo, sustentándose en decisiones del Ministerio del Ambiente, Conelec y Senagua, con Decreto # 69 (Art. 3) por “deficiente manejo” de los embalses y trasvases impuso la “requisición” (incautación) de los bienes e infraestructuras de Manageneración.
Esta decisión gubernamental se dió, más allá de que el 13 mayo de 2008 el Ministerio del Ambiente con Resolución 132 revocó la Licencia Ambiental a la empresa Manageneración S.A por “no presentar informes semestrales, no proteger el ambiente, incumplir la ejecución de una auditoría ambiental”, entre otros. Lo cual llevó al Consejo Nacional de Electrificación (CONELEC) el 6 de mayo pasado, a notificar a Manageneración S.A la suspensión provisional de las centrales hidroeléctricas La Esperanza y Poza Honda hasta que presente la licencia ambiental y, cuente con la concesión para el uso y aprovechamiento de aguas para generación eléctrica otorgada por la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA).
Sin embargo el 22 de julio del 2008 se autorizó reiniciar sus actividades y posteriormente, paradógicamente, el 22 de octubre de ese año el MAE suspendió todos los trámites y procesos administrativos relacionados con la operación y licenciamiento ambiental para las actividades de generación de energía en ambos sistemas, y solicitó a la empresa que presente las pruebas de no dañar al ecosistema del Estuario del río Chone a través del financiamiento de un “Diagnostico Ambiental de las cuencas de los ríos Chone y Portoviejo ”.
Así, Manageneración contrató a la consultora ecuatoriana ECOBIOTEC, especialista en desarrollo sustentable y estudios ambientales y mediante términos de referencia emitidos por el MAE se realizó un trabajo de tres meses para diagnosticar el estado actual de la calidad ambiental del área de influencia de las centrales hidroeléctricas en particular de la central La Esperanza, en el río Carrizal - Chone, así como la definición de las causas y de los actores involucrados en los problemas ambientales.
Por su parte, el Presidente Correa, pensando que hace bien, el pasado 29 de septiembre del 2009 firmó el decreto por el cual autorizó a la SENAGUA, Secretaría Nacional Técnica de Gestión de Riesgos y a la nueva Subsecretaría de la Demarcación Hídrica de Manabí, para ejercer las funciones de control, manejo, regulación y administración de los embalses y presas La Esperanza y Poza Honda y la adopción de medidas preventivas para enfrentar posibles riesgos, luego de declarar el estado de emergencia debido a la ”progresiva disminución de eficiencia” originada por la empresa Manageneración S.A.

19.4.2. Fundamentos de la requisición

En este proceso, el Secretario Nacional del Agua, Jorge Jurado afirmó (http://www.senagua.gov.ec) que dichos embalses no fueron diseñados para prestar servicios de generación eléctrica, sino para garantizar la suficiencia de agua para consumo humano, riego y control de inundaciones estacionales en la región. Por tanto, calificó de irresponsable las acciones ejecutadas en el año 2003 por el gobierno de turno (Lucio Gutiérrez), mediante acuerdos que posibilitaron el almacenamiento y uso indiscriminado de grandes volúmenes de agua para fines privados.
La firma de este decreto representa la “recuperación de la soberanía del agua” en Manabí, afirmó el Secretario de Estado, luego de seis años de desconocer el valor intrínseco del recurso, afinado en la actual Constitución de la República, como un patrimonio de todas y todos los ecuatorianos, derecho humano irrenunciable.
Dado que la infraestructura se manejó sin garantías técnicas y exponiendo el máximo de su capacidad para generar energía, la SENAGUA iniciará una auditoria técnica para conocer las consecuencias de ese mal uso y si es necesario emprenderá las acciones legales inmediatas en contra de la administración pertinente, por tanto, es propósito del Gobierno Nacional recuperar la capacidad operativa de los embalses La Esperanza y Poza Honda, para que cumplan los objetivos por los cuales fueron creados, previniendo de esta manera riesgos que tendrían efectos nocivos e incalculables para la población.
Por su parte, el primer mandatario enfatizó en la acción que el Gobierno Nacional desempeña en la Provincia de Manabí, en el marco de la recuperación institucional que busca acabar con la privatización y el acaparamiento de los bienes públicos.

Por último, durante su enlace del sábado 3 de octubre del 2009 el presidente Correa (El Universo, 5 octubre 2009) calificó de “atraco” el acuerdo de gestión de Manageneración. “Revertimos este atraco y las represas están en manos del Estado, y nuevamente volverán para hacer uso del riego para los campesinos y si sobra agua pondremos a funcionar las minicentrales hidroeléctricas”.

El régimen realizará una auditoría técnica para ver las condiciones de las represas y se harán juicios contra “este atraco que se hizo al país”, advirtió

19.4.3. Atropello contractual

La anulación del contrato entre La Fabril y la CRM que formaron Manageneración, se dio después de seis años en los que la firma privada construyó las dos centrales para generar energía y con ello contribuir a solucionar el déficit de electricidad en la provincia.

Hugo Almeida, gerente de Manageneración, (El Universo, 5 octubre 2009) calcula que La Fabril invirtió USD 18 millones en la construcción de las dos centrales hidroeléctricas, y además le recordó al presidente Correa que Manageneración asumió la administración y los costos del mantenimiento de la represa La Esperanza con la asignación de USD 1,5 millones anuales desde el 2005. “El Estado ha tenido un ahorro de USD 6 millones en estos años”, explicó Almeida.

Manageneración contrató a 45 personas para encargarse de la administración y mantenimiento de las dos represas y los trasvases.

Víctor Loayza, abogado de La Fabril, afirmó a El Universo, que el contrato firmado en el gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez establecía garantías en caso de que la CRM diera por terminado el acuerdo.

Loayza, dijo que se exigirá una indemnización al Estado, pues Manageneración surgió de un concurso público convocado por la CRM para aprovechar el agua de los embalses.
Cabe anotar, que luego de que el Ministerio de Ambiente retiró a Manageneración la licencia ambiental de operación en octubre del 2008, alegando la nueva normativa de Licencias Ambientales, Manageneración para adecuarse a la nueva normativa “revolucionaria”, asumió el costo de los estudios ambientales realizados por la firma Ecobiotec, consultora independiente avalada por el Ministerio de Ambiente, que demostró que las mini centrales no afectaban al ambiente. Sin embargo y sin explicación formal alguna, no se restituyó la licencia de operación de Manageneración. Pasaron los meses,…hasta que el Presidente Correa dispuso la requisición de los bienes de la empresa.

19.4.4. Demanda por indemnizaciones

Los directivos de Manageneración, no obstante, han venido refutando las argucias de la decisión del Presidente Correa y plantearon sus reclamaciones para promover que se les indemnice de acuerdo con la Ley.

Esto, por cuanto entre las obligaciones (num. 9) de la relación contractual de la CRM para con Manageneración están las de indemnizar por cambios legales que lleguen a afectar las cláusulas contractuales.

Dándose por descontado que sobrevendrían los reclamos, la empresa manabita entró a plantear su demanda. Sí, se demanda USD 18 millones por inversiones realizadas, daños emergentes y el lucro cesante por el tiempo faltante de explotación -45 años-. El total del reclamo asciende a USD 42 millones. Mas, a ésto se sumará en la liquidación, las costas judiciales y los intereses que se causen después de que se mande a pagar lo que corresponda.

La demanda arbitral, de acuerdo con los términos del contrato de concesión, que es Ley para las partes, con el pedido de la indemnización referida fue presentada en el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Manta por los ejecutivos de Manageneración.
Y la resolución que algún dia llegue a adoptar la citada instancia arbitral, que sin duda saldrá a defender la “seguridad jurídica” de los contratos, se constituirá en cosa juzgada, por ser de única instancia. Así, el Estado no tendrá derecho a plantear apelaciones, ni revisiones, ante ninguna instancia judicial.
Y si el régimen de turno da dilatorias al pago de indemnizaciones, sin duda los perjudicados acudirán a tribunales internacionales (Ciadi, CIDH,…) a reclamar sus derechos.
Menudo lío en el que nos envolvió el presidente de los ecuatorianos.

19.4.5. Para que “no se tome el pelo” a la provincia

Para que el “nuevo modelo” de gestión transparente y eficiente funcione, y que “no se tome el pelo” a la provincia, es emergente el protagonismo de la ciudadanía, al amparo de las facultades que otorgan los Art. 95, 96 y 100 de la Constitución, para que:

a) Participe, vigile y controle las demandas de Manageneración y las nuevas contrataciones del nuevo ente burocrático: Senagua y de la Subsecretaría de la Demarcación Hídrica de Manabí (ex CRM);

b) Vigile la aplicación del “Manual de Auditoría de Gestión” de la Contraloría; y,

c) Ejercite el Art. 11 numeral 9 de la Constitución, para que se aplique el “derecho de repetición” en contra de los funcionarios corruptos y entreguistas que causaron u ocasionaren perjuicios al Estado. En este último grupo estarán involucrados funcionarios del régimen actual.

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19.3. Correa emboba a las mayorias: caso FOL

El Puesto de Operaciones Avanzadas de EE.UU. (FOL), en el período junio 2000-2009, realizó 5.800 misiones antinarcóticos; contribuyó a la captura de 3.011 personas vinculadas con el transporte de 1.758 toneladas de cocaína y 83 de mariguana con un valor en el mercado de unos USD 35.000 millones. Además, generó un aporte mensual de USD 8 millones a la economía de Manta. Pero, por fuerza mayor (orden del Presidente Correa), dejará: pista, edificaciones, equipos, vehículos,…
Por la “defensa de la soberanía nacional”, que esgrime el Gobierno, misma que fuera sacramentada por la Constitución (Art. 5) que prohíbe ceder bases militares a fuerzas foráneas, el FOL que fuera establecido para luchar contra el narcotráfico desde el espacio aéreo, inició la cuenta regresiva para dejar la Base de Manta y que se concretó el 18 de septiembre. Esto, dado que el Régimen de antemano decidió no renovar la concesión, porque su política es "anti-imperialista".
No obstante, al FOL y a los EE.UU. va nuestro agradecimiento.
Pero, más allá del fundamentalismo nacionalista al puro estilo de las ideas de los pensadores medioevales (Thomas Hobbes, Jean Bodín) que arguieron que la soberanía es el poder absoluto y perpétuo de la República, en el que el territorio es “sagrado” e inviolable y que no admite ejércitos foráneos, la retirada estadounidense es un error del Régimen, dado que la concepción de la soberanía esgrimida, es visceral, retrógada y embobadora de las mayorías.
Primero, porque en el mundo actual, la interdependencia internacional es múltiple y exponencial: producción, comercio, derecho y cooperación internacional, integración, emprendimientos, tecnología, ciencia, globalización, telecomunicaciones, internet, música, cine, deportes, religión, educación, lucha contra la pobreza y el narcotráfico,... Por lo que, no hay espacio para dogmas socialistoides que nos provocan más: aislamiento, atraso, autocracia, pobreza y corrupción.
Segundo, porque de acuerdo a la Carta Magna (Art. 1 y 3), el Ecuador es un Estado soberano, cuyo poder radica en el pueblo, que se lo ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación ciudadana,… teniendo el deber -entre otros- de garantizar a los ecuatorianos: educación, salud, alimentación, empleo,…
En esta perspectiva: generar bienestar y “buen vivir” a los ecuatorianos, y que es la razón y fin de la soberanía, haría bien el Régimen en hacer efectiva, por ejemplo, la Ley de la “Soberanía Alimentaria”.
Y habría sido más inteligente, estratégico y soberano, por ejemplo, renegociar la concesión de la Base, por otros 10 años, con un arriendo mínimo de USD 2 millones mensuales, lo cual podría generar por este concepto USD 240 millones, fondos que bien habrían servido para luchar contra la pobreza, cofinanciando la ejecución del Plan de Desarrollo Agropecuario de Manabí. Porque, ¿ de que sirve la soberanía, si la gente se muere de hambre y vive en la miseria?.

A Colombia

Las operaciones militares del FOL se trasladaron a tres bases que ha ofrecido Colombia ubicadas en Palanquero, Apiay (centro del país) y Malambo (norte). Y nos norteamericanos pueden utilizar también otros 4 aeropuertos.
Colombia ha insistido en negar que estos acuerdos estén dando paso a una nueva versión de lo que se mantuvo en Ecuador durante una década. "Esas bases son colombianas y seguirán siendo operadas por militares colombianos", figura en el convenio de cooperación colombo-estadounidense.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha defendido el tratado de cooperación militar destacando su "conveniencia" para el país en la lucha contra el terrorismo y el tráfico ilícito de cocaína. En caso de que se cierre el acuerdo, unos 800 militares y 600 contratistas norteamericanos llegarán a ese país para asesorar al Ejército.
"Obtener acuerdos con países como Estados Unidos para que, con todo el respeto a la Constitución colombiana, a la autonomía de Colombia, nos ayude en esta batalla contra el terrorismo, contra el narcotráfico, es de la mayor conveniencia para el país", ha dicho el mandatario colombiano en reiteradas ocasiones.
Uno de los puntos que establece el convenio es que "no se afectará a terceros Estados, ya que su esencia es la cooperación". Los ejercicios que se impulsan no deben ser vistos como acciones en contra de los países vecinos, especialmente, Ecuador y Venezuela.
No obstante, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, ha venido alentando la confrontación contra Colombia, por su sumisión ante los EE.UU.

Pese a la fiebre anti-imperialista la ayuda sigue

La cooperación de Estados Unidos en Ecuador (AFP Diario El Mercurio, 23 febrero 2010) sumó 59,7 millones de dólares en 2009, siendo la asistencia militar y el apoyo a gobiernos locales los rubros con mayores recursos, informó el lunes la embajada estadounidense en Quito.
El aporte a las Fuerzas Armadas ecuatorianas ascendió a 12,7 millones de dólares en áreas como capacitación, equipos y construcción de infraestructura, según un comunicado.
Esta cifra no incluye la “donación de instalaciones y equipos” por 35,1 millones de dólares a la Base de Manta, que Estados Unidos operó durante una década, hasta 2009, para actividades aéreas antidrogas.
Detrás de la ayuda militar se ubicó, con 9,4 millones de dólares, el apoyo a gobiernos locales, la justicia penal y a proyectos para enfrentar desastres naturales y prevenir la trata de personas.
Los planes de desarrollo en poblaciones fronterizas con Colombia y Perú y a comunidades campesinas recibieron 8,8 millones de dólares, en tanto que 7,8 millones se destinaron a la lucha contra las drogas y otros delitos transnacionales.
Washington respaldó igualmente iniciativas para el crecimiento económico por 4,5 millones de dólares y de protección al medio ambiente por 5,5 millones, detalló el balance.

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19.2. Perjuicios en renegociacion del proyecto Carrizal-Chone

19.2.1. Renegociación “estratégica”

El proyecto del Carrizal Chone II, valorado en USD 102.9. millones se suscribió el 22 de noviembre del 2006 financiables con recursos del Banco del Estado y a ejecutarse por parte del consorcio Odebrecht-Hidalgo.
Mas, la nueva administración del Presidente Correa, entró a cuestionar el contrato, por ser leonino. Y se pasó a un compás de espera.
El 3 de mayo del 2007, el ministro de finanzas Ricardo Patiño anunció que se había llegado a un "acuerdo técnico económico” con la contratista, ya que se detectó que el costo de la obra permitía tener una mayor cobertura a la prevista en el contrato original.
El financiamiento no se confirmó tan rápido y más bien el presidente Correa, como para intimidar y “negociar” mejor, recalcó a fines de junio que la obra tiene un alto sobreprecio. "La infraestructura para irrigar una hectárea no debe costar más de USD 2.000 y en este proyecto cuesta USD 20.000”, arguyó.
Y se conformó una comisión que revise el contrato. La comisión de 5 miembros no logró llegar a una decisión unánime. Mientras 2 de ellos (Otton Zevallos y Susana Dueñas) recomendaron dejar sin efecto el contrato, los otros 3 se inclinaron por continuarlo con la empresa ya instalada "porque conoce el medio" y “porque permitiría el inicio inmediato” de las obras.
El Gobierno pasó a declarar que dejaba sin efecto el contrato de la II fase. Técnicos de la Escuela Politécnica (ESPOL) y de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM) iniciaron (El Diario 9 agosto 2007) el análisis de costos que tiene la CRM para el nuevo proceso de licitación.
Enrique Lozada, director ejecutivo de la CRM, señaló que este trabajo es de sinceramiento de cuentas porque hay costos que están sobre el 30 por ciento. “Esos precios están allí y fueron aprobados por la anterior administración”, dijo Lozada.
El presidente de la CRM, Xavier Valencia, por su parte, ratificó que habrá nueva licitación, descartando que se vaya a hacer una adjudicación directa, pero necesitaban que el Ministerio de Economía oficialice la decisión de dejar sin efecto el contrato para convocar al comité de contratación y declarar nulo o sin efecto el proceso. Luego de eso se reiniciará el nuevo proceso de licitación que duraría unos seis meses.
Y pasaron los meses.
Lejos de que se concrete la rescisión del contrato con la Odebrecht, y que tenga lugar el nuevo proceso licitatorio, el 25 de enero del 2008 se firmó finalmente el contrato por USD 84.9, esto es, el 14 por ciento menos (USD 18 millones de aparente ahorro) de lo que se había firmado al final del gobierno de Alfredo Palacio.
Se arguyó que la Odebrecht rebajó los costos unitarios de los insumos e incluso, aumentó en mil hectáreas el área de riego. Aparentemente “un gran negocio” impulsado por el Gobierno. Y se alardeó de su “éxito”.

19.2.2. Reducción del caudal en 40.7%

El pasado 16 de septiembre del 2008, el Secretario Nacional Anticorrupción, Alfredo Vera Arrata, envió un memorando al Presidente de la República Rafael Correa, donde pone reparos al nuevo contrato, que ya estaba en ejecución.
La rebaja del 14 por ciento que este gobierno conseguido, en realidad tenía una disminución de su capacidad de caudal del 40.7 por ciento.
Vera, justificó sus observaciones, explicando que:
a) La longitud de tuberías se reduce en 4 kilómetros;
b) Se suprimen las tuberías de mayor diámetro y reemplazan por las de menor diámetro... disminuyendo la capacidad de expansión para el futuro;
c) En un proyecto en materiales similares entre Sevilla y Córdova en España, con similares diámetros e iguales extensiones, su precio es de tan solo 36 millones", 60 por ciento menos.
d) Comparando los dos contratos se reducen las tuberías más gruesas de hasta 2,2 metros de diámetro, mientras que aumentaron las más delgadas;
e) La tubería usada es de fibra de vidrio más PVC, conocida como PRFV y es construida en una fábrica en Guayaquil; no obstante, las tuberías que se fabrican en Colombia son USD 10 millones más baratas.
f) Hay indicios de colusión que vienen desde la Etapa I que construyó la misma Odebrecht y que se extienden hasta la presente utilizando a los fiscalizadores y a la CRM.Los asambleístas del Movimiento Popular Democrático (MPD), Jorge Escala y Abel Ávila, solicitaron (http://comision.asambleanacional.gov.ec/blogs/abel_avila/blog/2008/11/17/asambleistas-del-mpd-inician-fiscalizacion-a-la-construccion-de-la-ii-etapa-del-sistema-de-riego-carrizal-chone/) el 17 de noviembre del 2008 al Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización Fernando Cordero, la comparecencia a la Comisión de Contratación Pública y Transparencia, del Director Ejecutivo de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí, Alex Alcívar y, del ex Secretario Nacional Anticorrupción Alfredo Vera Arrata, para que expliquen las inconsistencias en el contrato complementario del sistema de riego Carrizal Chone, que arrojan indicios de colusión. Interesa conocer porqué:
• La capacidad de riego del proyecto disminuye en un 40,65%
• La longitud de las tuberías se reduce en 4,00 km.
• Se suprimen las tuberías de mayor diámetro y se reemplazan por unas de menor, disminuyendo la capacidad de expansión para el futuro, perjudicando enormemente a los beneficiarios del riego de la zona
Pero, el pedido no fue atendido y los citados funcionarios no comparecieron ante el Legislativo, hasta ahora,.. Y ya es mucho más de un año.
De otra parte, la “renegociación” impulsada por el Gobierno de Rafael Correa con la brasileña Odebrecht resaltado por Diario Hoy (16 febrero 2009), en teoría, buscaba un ahorro de USD 18 millones, noticia que fue expuesta como un “triunfo” por el ministro del Litoral, Ricardo Patiño (hoy Canciller). Sin embargo, según un informe de la Secretaría Nacional Anticorrupción, por pedido de la Presidencia de la República, detalla que no hubo tal ahorro, sino que más bien se disminuyó la capacidad técnica del proyecto. "Se disminuye la capacidad de conducción (de la tubería) continua de agua y su futura expansión, obligando al proyecto a depender de estacionamientos de agua en reservorios", reza en el informe.

19.2.3. Encubrimiento oficial contribuyó a que se perfeccione la estafa

En la CRM siempre se esperó órdenes del Gobierno Central, para la liquidación del contrato y para bloquear la consumación de la estafa. No hubo interés por parte de los directivos de la CRM de impulsar las investigaciones del caso y cumplir así con la oferta política que hizo la Alianza PAIS, con la que embaucaron a los ecuatorianos, ofreciendo ejecutar la “Revolución Etica y contra la Corrupción” y con lo cual nos engatusaron para poder alzarse con el poder.
La historia reseñada el 16 de diciembre del 2008 en la web (http://ticsdemanabi.net/noticias/index. php? blog=10&page=1&disp=posts&paged=2), nos llega a revelar que el ahora elegido consejero del todo poderoso Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, Ab. Fernando Cedeño Rivadeneira se coaligó y encubrió el atraco antes referido que se perpetró, en cuyo episodio estuvo involucrado el directorio de la CRM, del cual Cedeño fue uno de sus miembros.
Cedeño, dirigente de Alianza PAIS en Portoviejo en el 2006, cultivó una estrecha amistad con el Ec. Ricardo Patiño y participó activamente en la campaña política que le llevó al poder a Rafael Correa y su grupo.
Siendo nombrado Patiño como Ministro de Economía, este a su vez premió a Cedeño por su aporte político, nombrándole como Secretario General del Ministerio de Economía, al tiempo que, le ratificó como su representante ante el Directorio de la CRM el 17 de enero del 2007.
Cedeño estuvo en la CRM hasta abril del 2008. En este tiempo, participó en las decisiones contractuales de la CRM. En esta condición, lejos de impulsar la rescisión del contrato con la Odebrecht, y que tenga lugar el nuevo proceso licitatorio, validó la “renegociación” que se concretó cuando el 25 de enero del 2008 se suscribió el nuevo contrato.
Es decir, Cedeño conocía los cambios (reducción de tuberías para disminuir la capacidad de conducción de aguas) que se introdujeron en el contrato renegociado, y que fuera más tarde denunciado por el titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENACOR).
Como ha sido costumbre en Manabí, el silencio de Cedeño, y a la vez encubrimiento del ilícito debe haber tenido un alto precio.

19.2.4. Fiscalía corresponsable del encubrimiento

Tampoco hubo instancia provincial ni nacional de control que acoja las denuncias de Alfredo Vera para que verifique las investigaciones de Alfredo Vera y que impulse su juzgamiento y sanción.
Camilo Mena, funcionario de la SENACOR recuerda que el presidente Correa (Diario Hoy, Blanco y Negro, 20 octubre 2008) obligó a la asociación a rebajar el monto del contrato, tras “detectarse el sobreprecio”. No obstante, asegura que esto no se ha cumplido en la práctica porque la constructora ha reducido los diámetros de la tubería (así ahorraría costos).
Mena añadió que la Contraloría estableció que en Colombia se realiza una obra de similares características, cuya tubería “cuesta 35% menos”, a pesar de que la del proyecto Carrizal Chone es fabricada por la empresa Odebrecht en Portoviejo.
Por todo esto, la Senacor presentó una denuncia en la Fiscalía de Tosagua y se han pedido inspecciones para verificar las obras. No hubo una decisión sobre cómo dar por terminado ese contrato (rescisión unilateral o por mutuo acuerdo), por cuanto aquello dependía de la Procuraduría, se dijo en ese entonces.
La denuncia que llegó a presentar Vera en la Fiscalía de Tosagua, “duerme el sueño eterno”, hasta ahora, tal como ha sido característico de los organismos de control cuando se trata de irregularidades que se cometen por parte de funcionarios que tienen nexos con el poder central.

19.2.5. Premio a un incondicional correísta y enraizamiento de perjuicios a Manabí

Mientras en Manabí un nuevo episodio de “negocios” se fraguó en la CRM (hoy Senagua), el Ab. Fernando Cedeño Rivadeneira, continuó disfrutando de las delicias del poder otorgado por la Alianza PAÌS y ampliando el apadrinamiento del Ec. Ricardo Patiño, más allá del Ministerio de Economía, ya que fue nombrado:
a) Representante del Ministerio de Economía ante la Dirección de Aviación Civil;
b) Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los primeros meses del 2008; y,
c) Subdirector del Registro Civil hasta marzo del 2009;
d) Por último, por “concurso” organizado por el Consejo Nacional Electoral, fue seleccionado como consejero principal del poderoso Consejo de Participación Ciudadano (CPCCS) en marzo del 2010.

De otra parte, con Decreto 1348 del 23 de septiembre 2008 el Presidente Correa, en un arrebato de furia e imprudencia, dispuso la requisa de los bienes de Odebrecht, la expulsión de los principales ejecutivos y la “iniciación” de juicios por estafa por los daños ocasionados en la Central Hidroeléctrica San Francisco.
El “Acta de Rescisión”, del contrato de construcción de la II etapa del sistema Carrizal Chone, que fuera suscrito entre los directivos de la CRM y la firma brasileña Odebrecht a mediados del mes pasado(noviembre 2008), permitió terminar la relación contractual.
Al tiempo que Odebrecht liquidó a su personal, se procedió a liquidar el contrato y a pagarse una última factura de USD 10 millones, la empresa Carrizal Chone S.A. retomó los trabajos que la Odebrecht dejó inconclusos, tercerizando la ejecución de los trabajos con las subcontratistas de la Odebrecht.
Tras la salida de Odebrecht, la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM) adjudicó la continuación del proyecto (El Diario, 16/Febrero/2009) a Eseico & Coinfra.
Sin embargo, detrás del retraso en la entrega del anticipo de USD 22 millones, para avanzar en la ejecución de los trabajos, se desató una disputa entre los subcontratistas que antes trabajaban con Odebrecht. Según Jaime Morillo, representante legal de la subcontratista Venrental y Asociados, la adjudicación del contrato a Eseico & Coinfra, del grupo Galarza, se dio sin una convocatoria a concurso público.
"Se negoció únicamente con ellos violando de esta manera las leyes de contratación pública, y no se le dio la oportunidad de participar al resto de subcontratistas que presentamos propuestas más baratas", señaló el representante de Venrental
El Diario reseñò también, que el contrato fue adjudicado a Eseico & Coinfra por un valor que supera los USD 33 millones, cerca de USD 4 millones más que la propuesta de Venrental & Asociados (USD 29 millones aproximadamente) y el mismo valor de la oferta inicial realizada por Odebrecht.
La CRM se amparó en el decreto 1.383 emitido por el presidente Correa, por el cual se declaró en emergencia al Carrizal-Chone y a otros proyectos. Es decir, sin transparencia y “a dedo” se volvió a contratar la ejecución de obras con costos y perjuicios millonarios.
Por último, han pasado los meses y la obra no se ha reiniciado. La ex CRM (hoy Senagua) argumenta que espera, el desembolso de los USD 22 millones para poder continuar con la ejecución de la obra. Hoy 1 de abril 2010 no se sabe hasta cuando habrá que seguir esperando.

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19.1. Eliminacion ilegal de la CRM, CEDEM, JRH

19.1.1. Para terminar con los “saqueos” de la provincia

Frente a la decisión centralista e ilegal del Gobierno de fusionar, vía Decreto Ejecutivo # 40 de octubre 2009 y no por Ley, como debe haber sido si se respeta el estado de Derecho, para que se integren la Corporación para el Manejo de los Recursos Hìdricos de Manabì (CRM) y el Centro de Desarrollo para la Zona Norte de Manabì (CEDEM) con la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA); y, la Junta de Recursos Hìdricos de Jipijapa y Pajàn (JRH) con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), se argumenta que la emergente transformación se da porque se requiere de un “cambio de modelo” para tener eficiencia en la administración del agua, hábida cuenta de que en Manabí se invirtió en infraestructura hídrica alrededor de USD 800 millones, con pobres resultados, pero que fue aprovechado como “botín político” y para “saquear” a la provincia.

No obstante las decisiones, por un lado, no hay garantías de que se instauraría un nuevo modelo libre de corrup-ción; y, por otro, las decisiones políticas tienen serios reparos.

En el “ojo de la tormenta” se encuentra la CRM y el cuestionado proyecto Carrizal-Chone II etapa que aquella la administraba. En la sección 19.2 se contextualiza la “Manipulación perjudicial de la renegociación del proyecto Carrizal-Chone”.

19.1.2. Gobierno viola la Ley

El CRM ( Centro de Rehabilitación de Manabí) y posteriormente la C.R.M. ( Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí) no fue una institución creada específicamente para el manejo del agua, pero que ahora último es objeto de manipulaciones por parte del Gobierno de turno.
El asambleísta Tito Nilton Mendoza, con oficio N. 047 del 1 de octubre del 2009, salió en defensa de la institución, al igual que del Centro para el Desarrollo de la Zona Norte de Manabí (CEDEM).
Mendoza arguye, que en 1.962 la CRM fue creada por el entonces Presidente de la República por decreto Ley de Emergencia después de una lucha de muchos años de todos los sectores comprometidos con el desarrollo de Manabí visto su abandono y postergación permanente de todos los gobiernos.
Posteriormente esta Ley fue reformada y sustituida, por la transformadora Ley de la Corporación Reguladora para el Manejo Hídrico de Manabí, dándole así vida jurídica plena a la C.R.M. en el 2.002 expedida por el Congreso Nacional objetada por el Presidente de ese entonces Dr. Gustavo Noboa Bejarano, y luego conocido, tratado y resuelto ese veto por el mismo Congreso Nacional de ese entonces. Pero, es esta ley que es derogada por Decreto de octubre del 2009 por el Presidente Correa en forma inconstitucional, señala Mendoza.
Y anota: la C.R.M. y la C.E.D.E.M. nunca tuvieron como objetivo primordial la administración del agua, sino fundamentalmente la reivindicación y la rehabilitación de Manabí en todos sus ordenes, especialmente en el campo hídrico; y aclaremos, construir presas, sistemas de riego, sistemas de agua potable, reencauzamientos de ríos, construcción de albarradas, etc, no significa manejo del agua. Una cosa es lo que dice la Constitución en su articulo 318 y otra cosa es que lógicamente debe existir una coordinación, que es lo que venían haciendo la C.R.M. a través de su ley, lo mismo que otra gran institución de desarrollo de la zona norte como lo es la C.E.D.E.M. .
La defensa de los manabitas debe centrarse en que no debemos permitir que dos instituciones que fueron creadas por y para los manabitas y para su desarrollo, desaparezcan, con pretextos pueriles y que las grandes obras especialmente en el campo hídrico, que Manabí aspiraba, queden relegadas por el centralismo absorbente que una vez más se nos impone con la complicidad vergonzante de algunos manabitas.
El Decreto Ejecutivo No.- 040 que es inconstitucional por su fondo y por su forma, no puede un decreto ejecutivo estar por encima de una Ley.

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