
19.2.1. Renegociación “estratégica”
El proyecto del Carrizal Chone II, valorado en USD 102.9. millones se suscribió el 22 de noviembre del 2006 financiables con recursos del Banco del Estado y a ejecutarse por parte del consorcio Odebrecht-Hidalgo.
Mas, la nueva administración del Presidente Correa, entró a cuestionar el contrato, por ser leonino. Y se pasó a un compás de espera.
El 3 de mayo del 2007, el ministro de finanzas Ricardo Patiño anunció que se había llegado a un "acuerdo técnico económico” con la contratista, ya que se detectó que el costo de la obra permitía tener una mayor cobertura a la prevista en el contrato original.
El financiamiento no se confirmó tan rápido y más bien el presidente Correa, como para intimidar y “negociar” mejor, recalcó a fines de junio que la obra tiene un alto sobreprecio. "La infraestructura para irrigar una hectárea no debe costar más de USD 2.000 y en este proyecto cuesta USD 20.000”, arguyó.
Y se conformó una comisión que revise el contrato. La comisión de 5 miembros no logró llegar a una decisión unánime. Mientras 2 de ellos (Otton Zevallos y Susana Dueñas) recomendaron dejar sin efecto el contrato, los otros 3 se inclinaron por continuarlo con la empresa ya instalada "porque conoce el medio" y “porque permitiría el inicio inmediato” de las obras.
El Gobierno pasó a declarar que dejaba sin efecto el contrato de la II fase. Técnicos de la Escuela Politécnica (ESPOL) y de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM) iniciaron (El Diario 9 agosto 2007) el análisis de costos que tiene la CRM para el nuevo proceso de licitación.
Enrique Lozada, director ejecutivo de la CRM, señaló que este trabajo es de sinceramiento de cuentas porque hay costos que están sobre el 30 por ciento. “Esos precios están allí y fueron aprobados por la anterior administración”, dijo Lozada.
El presidente de la CRM, Xavier Valencia, por su parte, ratificó que habrá nueva licitación, descartando que se vaya a hacer una adjudicación directa, pero necesitaban que el Ministerio de Economía oficialice la decisión de dejar sin efecto el contrato para convocar al comité de contratación y declarar nulo o sin efecto el proceso. Luego de eso se reiniciará el nuevo proceso de licitación que duraría unos seis meses.
Y pasaron los meses.
Lejos de que se concrete la rescisión del contrato con la Odebrecht, y que tenga lugar el nuevo proceso licitatorio, el 25 de enero del 2008 se firmó finalmente el contrato por USD 84.9, esto es, el 14 por ciento menos (USD 18 millones de aparente ahorro) de lo que se había firmado al final del gobierno de Alfredo Palacio.
Se arguyó que la Odebrecht rebajó los costos unitarios de los insumos e incluso, aumentó en mil hectáreas el área de riego. Aparentemente “un gran negocio” impulsado por el Gobierno. Y se alardeó de su “éxito”.
19.2.2. Reducción del caudal en 40.7%
El pasado 16 de septiembre del 2008, el Secretario Nacional Anticorrupción, Alfredo Vera Arrata, envió un memorando al Presidente de la República Rafael Correa, donde pone reparos al nuevo contrato, que ya estaba en ejecución.
La rebaja del 14 por ciento que este gobierno conseguido, en realidad tenía una disminución de su capacidad de caudal del 40.7 por ciento.
Vera, justificó sus observaciones, explicando que:
a) La longitud de tuberías se reduce en 4 kilómetros;
b) Se suprimen las tuberías de mayor diámetro y reemplazan por las de menor diámetro... disminuyendo la capacidad de expansión para el futuro;
c) En un proyecto en materiales similares entre Sevilla y Córdova en España, con similares diámetros e iguales extensiones, su precio es de tan solo 36 millones", 60 por ciento menos.
d) Comparando los dos contratos se reducen las tuberías más gruesas de hasta 2,2 metros de diámetro, mientras que aumentaron las más delgadas;
e) La tubería usada es de fibra de vidrio más PVC, conocida como PRFV y es construida en una fábrica en Guayaquil; no obstante, las tuberías que se fabrican en Colombia son USD 10 millones más baratas.
f) Hay indicios de colusión que vienen desde la Etapa I que construyó la misma Odebrecht y que se extienden hasta la presente utilizando a los fiscalizadores y a la CRM.Los asambleístas del Movimiento Popular Democrático (MPD), Jorge Escala y Abel Ávila, solicitaron (http://comision.asambleanacional.gov.ec/blogs/abel_avila/blog/2008/11/17/asambleistas-del-mpd-inician-fiscalizacion-a-la-construccion-de-la-ii-etapa-del-sistema-de-riego-carrizal-chone/) el 17 de noviembre del 2008 al Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización Fernando Cordero, la comparecencia a la Comisión de Contratación Pública y Transparencia, del Director Ejecutivo de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí, Alex Alcívar y, del ex Secretario Nacional Anticorrupción Alfredo Vera Arrata, para que expliquen las inconsistencias en el contrato complementario del sistema de riego Carrizal Chone, que arrojan indicios de colusión. Interesa conocer porqué:
• La capacidad de riego del proyecto disminuye en un 40,65%
• La longitud de las tuberías se reduce en 4,00 km.
• Se suprimen las tuberías de mayor diámetro y se reemplazan por unas de menor, disminuyendo la capacidad de expansión para el futuro, perjudicando enormemente a los beneficiarios del riego de la zona
Pero, el pedido no fue atendido y los citados funcionarios no comparecieron ante el Legislativo, hasta ahora,.. Y ya es mucho más de un año.
De otra parte, la “renegociación” impulsada por el Gobierno de Rafael Correa con la brasileña Odebrecht resaltado por Diario Hoy (16 febrero 2009), en teoría, buscaba un ahorro de USD 18 millones, noticia que fue expuesta como un “triunfo” por el ministro del Litoral, Ricardo Patiño (hoy Canciller). Sin embargo, según un informe de la Secretaría Nacional Anticorrupción, por pedido de la Presidencia de la República, detalla que no hubo tal ahorro, sino que más bien se disminuyó la capacidad técnica del proyecto. "Se disminuye la capacidad de conducción (de la tubería) continua de agua y su futura expansión, obligando al proyecto a depender de estacionamientos de agua en reservorios", reza en el informe.
19.2.3. Encubrimiento oficial contribuyó a que se perfeccione la estafa
En la CRM siempre se esperó órdenes del Gobierno Central, para la liquidación del contrato y para bloquear la consumación de la estafa. No hubo interés por parte de los directivos de la CRM de impulsar las investigaciones del caso y cumplir así con la oferta política que hizo la Alianza PAIS, con la que embaucaron a los ecuatorianos, ofreciendo ejecutar la “Revolución Etica y contra la Corrupción” y con lo cual nos engatusaron para poder alzarse con el poder.
La historia reseñada el 16 de diciembre del 2008 en la web (http://ticsdemanabi.net/noticias/index. php? blog=10&page=1&disp=posts&paged=2), nos llega a revelar que el ahora elegido consejero del todo poderoso Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, Ab. Fernando Cedeño Rivadeneira se coaligó y encubrió el atraco antes referido que se perpetró, en cuyo episodio estuvo involucrado el directorio de la CRM, del cual Cedeño fue uno de sus miembros.
Cedeño, dirigente de Alianza PAIS en Portoviejo en el 2006, cultivó una estrecha amistad con el Ec. Ricardo Patiño y participó activamente en la campaña política que le llevó al poder a Rafael Correa y su grupo.
Siendo nombrado Patiño como Ministro de Economía, este a su vez premió a Cedeño por su aporte político, nombrándole como Secretario General del Ministerio de Economía, al tiempo que, le ratificó como su representante ante el Directorio de la CRM el 17 de enero del 2007.
Cedeño estuvo en la CRM hasta abril del 2008. En este tiempo, participó en las decisiones contractuales de la CRM. En esta condición, lejos de impulsar la rescisión del contrato con la Odebrecht, y que tenga lugar el nuevo proceso licitatorio, validó la “renegociación” que se concretó cuando el 25 de enero del 2008 se suscribió el nuevo contrato.
Es decir, Cedeño conocía los cambios (reducción de tuberías para disminuir la capacidad de conducción de aguas) que se introdujeron en el contrato renegociado, y que fuera más tarde denunciado por el titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENACOR).
Como ha sido costumbre en Manabí, el silencio de Cedeño, y a la vez encubrimiento del ilícito debe haber tenido un alto precio.
19.2.4. Fiscalía corresponsable del encubrimiento
Tampoco hubo instancia provincial ni nacional de control que acoja las denuncias de Alfredo Vera para que verifique las investigaciones de Alfredo Vera y que impulse su juzgamiento y sanción.
Camilo Mena, funcionario de la SENACOR recuerda que el presidente Correa (Diario Hoy, Blanco y Negro, 20 octubre 2008) obligó a la asociación a rebajar el monto del contrato, tras “detectarse el sobreprecio”. No obstante, asegura que esto no se ha cumplido en la práctica porque la constructora ha reducido los diámetros de la tubería (así ahorraría costos).
Mena añadió que la Contraloría estableció que en Colombia se realiza una obra de similares características, cuya tubería “cuesta 35% menos”, a pesar de que la del proyecto Carrizal Chone es fabricada por la empresa Odebrecht en Portoviejo.
Por todo esto, la Senacor presentó una denuncia en la Fiscalía de Tosagua y se han pedido inspecciones para verificar las obras. No hubo una decisión sobre cómo dar por terminado ese contrato (rescisión unilateral o por mutuo acuerdo), por cuanto aquello dependía de la Procuraduría, se dijo en ese entonces.
La denuncia que llegó a presentar Vera en la Fiscalía de Tosagua, “duerme el sueño eterno”, hasta ahora, tal como ha sido característico de los organismos de control cuando se trata de irregularidades que se cometen por parte de funcionarios que tienen nexos con el poder central.
19.2.5. Premio a un incondicional correísta y enraizamiento de perjuicios a Manabí
Mientras en Manabí un nuevo episodio de “negocios” se fraguó en la CRM (hoy Senagua), el Ab. Fernando Cedeño Rivadeneira, continuó disfrutando de las delicias del poder otorgado por la Alianza PAÌS y ampliando el apadrinamiento del Ec. Ricardo Patiño, más allá del Ministerio de Economía, ya que fue nombrado:
a) Representante del Ministerio de Economía ante la Dirección de Aviación Civil;
b) Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los primeros meses del 2008; y,
c) Subdirector del Registro Civil hasta marzo del 2009;
d) Por último, por “concurso” organizado por el Consejo Nacional Electoral, fue seleccionado como consejero principal del poderoso Consejo de Participación Ciudadano (CPCCS) en marzo del 2010.
De otra parte, con Decreto 1348 del 23 de septiembre 2008 el Presidente Correa, en un arrebato de furia e imprudencia, dispuso la requisa de los bienes de Odebrecht, la expulsión de los principales ejecutivos y la “iniciación” de juicios por estafa por los daños ocasionados en la Central Hidroeléctrica San Francisco.
El “Acta de Rescisión”, del contrato de construcción de la II etapa del sistema Carrizal Chone, que fuera suscrito entre los directivos de la CRM y la firma brasileña Odebrecht a mediados del mes pasado(noviembre 2008), permitió terminar la relación contractual.
Al tiempo que Odebrecht liquidó a su personal, se procedió a liquidar el contrato y a pagarse una última factura de USD 10 millones, la empresa Carrizal Chone S.A. retomó los trabajos que la Odebrecht dejó inconclusos, tercerizando la ejecución de los trabajos con las subcontratistas de la Odebrecht.
Tras la salida de Odebrecht, la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM) adjudicó la continuación del proyecto (El Diario, 16/Febrero/2009) a Eseico & Coinfra.
Sin embargo, detrás del retraso en la entrega del anticipo de USD 22 millones, para avanzar en la ejecución de los trabajos, se desató una disputa entre los subcontratistas que antes trabajaban con Odebrecht. Según Jaime Morillo, representante legal de la subcontratista Venrental y Asociados, la adjudicación del contrato a Eseico & Coinfra, del grupo Galarza, se dio sin una convocatoria a concurso público.
"Se negoció únicamente con ellos violando de esta manera las leyes de contratación pública, y no se le dio la oportunidad de participar al resto de subcontratistas que presentamos propuestas más baratas", señaló el representante de Venrental
El Diario reseñò también, que el contrato fue adjudicado a Eseico & Coinfra por un valor que supera los USD 33 millones, cerca de USD 4 millones más que la propuesta de Venrental & Asociados (USD 29 millones aproximadamente) y el mismo valor de la oferta inicial realizada por Odebrecht.
La CRM se amparó en el decreto 1.383 emitido por el presidente Correa, por el cual se declaró en emergencia al Carrizal-Chone y a otros proyectos. Es decir, sin transparencia y “a dedo” se volvió a contratar la ejecución de obras con costos y perjuicios millonarios.
Por último, han pasado los meses y la obra no se ha reiniciado. La ex CRM (hoy Senagua) argumenta que espera, el desembolso de los USD 22 millones para poder continuar con la ejecución de la obra. Hoy 1 de abril 2010 no se sabe hasta cuando habrá que seguir esperando.
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